Funcionarios de Minnesota presentaron este martes una demanda contra la administración de Donald Trump para exigir acceso a pruebas necesarias para investigar de forma independiente varios tiroteos protagonizados por agentes federales en el área de Minneapolis.
La acción legal, reportada por Associated Press, busca una orden judicial que obligue al gobierno federal a entregar evidencia relacionada con tres casos, incluidos los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, así como el tiroteo que dejó herido a Julio César Sosa-Celis.
Según la demanda, las autoridades federales incumplieron un compromiso previo de cooperación con las investigaciones estatales tras el despliegue masivo de agentes en Minneapolis y St. Paul como parte de una operación migratoria.
Líderes estatales sostienen que necesitan llevar a cabo sus propias pesquisas ante la falta de confianza en que el gobierno federal se investigue a sí mismo.
“Debe haber una investigación cada vez que un agente federal o estatal le quita la vida a una persona de nuestra comunidad”, afirmó la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, quien acusó al gobierno de Trump de intentar evitar la rendición de cuentas.
El conflicto marca una nueva escalada entre autoridades de Minnesota y la administración Trump, luego de operativos migratorios que movilizaron a miles de agentes federales en la región. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional calificó la operación como un éxito, funcionarios estatales han cuestionado la actuación de los agentes y la falta de transparencia.
El Departamento de Justicia abrió en enero una investigación por posibles violaciones de derechos civiles en el caso de Pretti, pero descartó una pesquisa similar en el caso de Good, una decisión que representó un giro respecto a prácticas de administraciones anteriores.
El DHS, por su parte, indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realiza una investigación interna sobre el caso Pretti y aseguró que el incidente con Good sigue bajo revisión, alegando que el agente actuó en defensa propia.
En el caso de Sosa-Celis, los cargos iniciales en su contra fueron retirados y se abrió una investigación para determinar si agentes de migración mintieron bajo juramento. Dos oficiales permanecen en licencia administrativa mientras avanzan las pesquisas.
La demanda también acusa al gobierno federal de adoptar una política de retención de pruebas que impide el acceso de investigadores estatales a información elemental, lo que califican como una práctica sin precedentes.
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