El pseudosindicato Manos Limpias ha presentado en el Tribunal Supremo una querella en la que atribuye a la ministra de Igualdad delitos de prevaricación administrativa, homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro institucional. El escrito, de 20 folios, se refiere a los fallos del sistema Cometa, que controla las pulseras antimaltrato, como “la tragedia institucional más devastadora de nuestra democracia”.
El escrito presentado por Manos Limpias atribuye el asesinato de una mujer de 30 años en Mallorca a un fallo en la tecnología contratada por el Ministerio de Igualdad, una información que ya fue desmentida por la Policía. En esa información basa la acusación por homicidio imprudente a la ministra. La querella está redactada con estilo literario y divide en “actos” el relato fáctico. Apunta a la “omisión” de Ana Redondo como “autoridad pública” a la hora de prevenir los errores pese a que “como en las tragedias clásicas, los dioses enviaron mensajeros para advertir del desastre inminente”.
Así fundamenta el querellante la existencia de un “delito de prevaricación administrativa por omisión”. Recalca que Igualdad recibió “alertas institucionales reiteradas desde enero de 2024” y que el ministerio tenía “competencia ministerial exclusiva sobre el sistema Cometa”.
Para apoyar su acusación respecto del delito de omisión de socorro, Manos Limpias hace un paralelismo con la causa de los ERE de Andalucía: “Al igual que [el expresidente andaluz José Antonio] Griñán recibía informes sobre deficiencias del sistema de ayudas, la querellada Redondo recibió alertas específicas del CGPJ sobre los fallos mortales del sistema Cometa. La responsabilidad in vigilando se configura de forma idéntica en ambos casos”.
La querella destaca la “capacidad real de evitación” de Redondo, y a su “conocimiento específico del riesgo” al que se sometió a las mujeres protegidas por el sistema Cometa.
Al escrito se adjuntan tres oficios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), varias declaraciones de Ana Redondo y varios recortes de prensa. Junto a la acusación por tres delitos, Manos Limpias solicita al Supremo que practique varias diligencias de investigación.
Pide el expediente de contratación de las pulseras con la unión temporal de empresas de Vodafone y Securitas, la “correspondencia íntegra” de la Fiscalía e Igualdad, las actas de las reuniones sobre Cometa en el ministerio y las incidencias del sistema. También pide que se recabe la memoria completa de la Fiscalía, en la que se advertía del mal funcionamiento del sistema.
Asimismo, se reclaman las testificales de la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, de los responsables técnicos del centro Cometa y de la fiscal coordinadora contra la violencia sobre la mujer. El pseudosindicato insta al Supremo a llamar a declarar a las víctimas de los fallos y a otros trabajadores de Cometa.
Igualmente, Manos Limpias plantea la adopción de medidas cautelares como la intervención judicial “inmediata” del sistema Cometa, la custodia de documentación y archivos informáticos y el “refuerzo policial para las víctimas con pulseras defectuosas”
El relato fáctico que describe Manos Limpias deja clara, en primer lugar, la importancia de las pulseras antimaltrato destinadas a avisar del quebrantamiento de órdenes de alejamiento. “Cada pulsera no era solo un dispositivo; era un cordón umbilical que conectaba a cada víctima con la fortaleza institucional del Estado, un hilo de Ariadna tecnológico que las guiaba fuera del laberinto del terror doméstico”.
El letrado censura las “decisiones” tomadas con “frialdad” en “los despachos refrigerados del Ministerio de Igualdad”. En esos despachos se gestó “lo que la historia recordará como una de las negligencias institucionales más catastróficas de nuestra democracia”, asegura el escrito.
Y añade que, en el momento en que se adjudicó la gestión de Cometa a la UTE de Vodafone y Securitas por 42.6 millones de euros, “la vida de 4.515 víctimas quedó suspendida en la balanza”.
