España se mantiene a la cabeza como el país con más condenas impagadas por disputas comerciales con inversores internacionales por la supresión en 2013 de las primas a las renovables. Con 22 reclamaciones económicas no atendidas, coincide con Venezuela en el primer puesto de los 20 países con más impagos, aunque por una cantidad menor, unos 1.500 millones que se le reclaman frente a 17.300 millones a Venezuela y 61.700 al tercero de la tabla, Rusia. Así lo indica un informe anual sobre cumplimento de laudos arbitrales conocido este miércoles que, en su cuarta edición, apunta como novedad que en el último año se ha hecho “imposible” que las empresas reclamen a gobiernos de la UE ante tribunales europeos, pero no ante los de Reino Unido, Australia o Estados Unidos, donde desde agosto se han dictado seis laudos con resultado desfavorable para España, condenada a pagar por ello 644 millones.
Estas son algunas de las conclusiones del Índice 2025 sobre Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el Instituto para el Cumplimiento de la Ley Internacional (ILCI) y auspiciado por inversores y empresas litigantes que, por tercer año consecutivo, sitúa a España a la cabeza de los países que se niegan a pagar cuando una corte internacional de resolución de diferencias falla a favor de reclamaciones de empresas, inversores y fondos de inversión que, en el caso español, tienen que ver en todos los casos con el llamado ‘hachazo’ a las renovables de 2013. Aquel año, el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió la prima a las renovables aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, para animar la inversión internacional en plantas eólicas y sobre todo fotovoltaicas.
Aunque estas primas habían sido cuestionadas por la Comisión Europea a la luz de la legislación sobre ayudas de Estado, su eliminación llevó a muchos inversores a reclamar a España por los perjuicios en la rentabilidad de sus proyectos. En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez les ofreció una rentabilidad intermedia, entre la situación con prima y sin prima, y algunas decidieron acogerse, pero no todas. Son precisamente estos casos que quedaron pendientes los que siguieron litigando en cortes internacionales de resolución de diferencias comerciales y que continúan reclamando a España unos 1.500 millones, una cantidad minorada que, según el Gobierno, supone una “rebaja” del 85% sobre las reclamaciones presentadas originalmente, por valor de 10.645 millones. Según las empresas afectadas, España tiene todavía ante sí el fallo de otros 26 litigios y debe un total de 93.000 millones, porque a los laudos se suman los intereses diarios por no pagarlos o el gasto en abogados.
En este escenario, a fecha de 1 de septiembre de 2025, España ocupaba con Venezuela el primer puesto en la clasificación de los 20 países con más laudos impagados, por un importe de 1.600 millones de dólares, unos 1.500 millones de euros. Les sigue Rusia, con 13 laudos impagados pero por un importe muy superior, 61.700 millones de dólares en buena medida por ll LUKOS. Entre los países de la UE, España es el que más ligios comerciales ha enfrentado, 53 y siempre por las primas a las renovables, frente a 15 y ocho de los países que le siguen, Italia y Rumania.
Imposible litigar en la UE, pero no fuera
Lo que sí es novedoso son dos acontecimientos que han sucedido en el último año, el primero la decisión que comunicó en marzo la Comisión Europea cuando concluyó que el pago de los laudos a empresas demandantes es una ayuda de Estado ilegal. Aunque era una respuesta a un caso concreto -a la reclamación por parte de la empresa luxemburguesa Antin de los 101 millones que tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial (CIADI) obligó a pagar a España-, con esta decisión Bruselas daba la razón al argumento que lleva años empleando el Gobierno español en sus litigios comerciales por el ‘hachazo de las renovables’. Como consecuencia, el informe de 2025 observa que esta decisión, que solo tiene fuerza en las demandas ante tribunales europeos, se ha convertido en un muro que frena otros litigios dentro de la UE, también por parte de otros países, que están “siguiendo la tendencia” fijada por España de no pagar para no incurrir en una posible ayuda de Estado ilegal, que este año confirmó la Comisión Europea.
Según el informe, después de esta decisión de Bruselas, en la UE se han agotado muchas de las vías para hacer cumplir los laudos porque los tribunales europeos “bloquean sistemáticamente” estos procesos. Pero si en este caso de los casos “intra-UE” prevalece el argumento de que las condenas económicas son ayudas de Estado ilegales a las empresas demandantes, el informe subraya que no ocurre lo mismo en países terceros como Reino Unido, Australia o Estados Unidos, adonde se están yendo las empresas a reclamar y donde sí prosperan. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no está teniendo en cuenta las objeciones de inmunidad que está planteando España para intentar evitar que tribunales estadounidenses ejecuten laudos dictados por el CIADI. Como muestra, entre agosto y octubre de este año, trascendieron hasta seis decisiones desfavorables a España en tribunales de Estados Unidos, por reclamaciones que junta suman 644,4 millones de euros.
“Dentro de la UE ahora se ha hecho imposible reclamar el cumplimiento de los laudos. No se puede reclamar ante la justicia europea y se avanza con éxito ante tribunales de Australia, Reino Unido, donde los laudos son todos muy favorables [a las empresas demandantes], y en Estados Unidos”, explicaba el autor del informe, el especialista en derecho internacional y arbitraje Nikos Lavranos. Esta tendencia, añadía, “irá a peor” porque países como Alemania, Francia o Países Bajos están “siguiendo la tendencia que está marcando España” y no pagar, en litigios que ya trascienden a las energías renovables. “Se están sumando a la postura de no pagar”, ha dicho, después de que la Comisión Europea exoneró de ello a España el pasado mes de marzo. Fuera de la UE, también es una postura en Argentina, México o Ecuador.
El autor del informe recordaba que cumplir los laudos “no es una opción” sino una “obligación” para países como España. No hacerlo, como se está extendiendo en la UE, “socava” los incentivos para atraer inversiones extranjeras y también plantea la “paradoja” de que precisamente son empresas europeas las que más recurren a este tipo de cortes internacionales con el apoyo de sus respectivos gobiernos que, por otra parte, incurren en impago cuando el laudo es contra ellos.
España pagó por primera vez pero el Gobierno mantiene su estrategia
También como novedad “interesante” en 2025 y dentro del capítulo que el informe dedica a España, se destaca algo que las empresas litigantes ven como un posible “punto de inflexión”, el hecho de que, por primera vez, España pagó un laudo desfavorable. El pasado julio se supo que el Gobierno había abonado 32 millones de euros al fondo estadounidense Basket Renewable para saldar uno de los laudos, dictado por el Banco Mundial.
Fuentes de las empresas afectadas desconocen las razones por las que en esta ocasión el Gobierno accedió a pagar este laudo, pero señalan que fue en un momento en el que se había producido el relevo en el Ministerio de Transición Ecológica, con la llegada de Sara Aagesen en lugar de Teresa Ribera, “que en todo momento se mostró inflexible”.
Pero lo que para las empresas reclamantes es un “punto de inflexión”, para el Gobierno es la misma estrategia, que asegura que no ha variado y que consiste en no pagar los laudos que pierde. Así lo indican fuentes gubernamentales, que aseguran que “España seguirá defendiendo los intereses nacionales en todas las instancias frente a las reclamaciones por los recortes a las renovables”, afirman en el Ejecutivo.