Alberto Núñez Feijóo planteó ayer una reforma del aborto a la inversa, que sustituyera el actual registro de médicos objetores que, por ley, tienen que crear todas las comunidades autónomas, por una lista pública de ginecólogos y obstetras que sí estén dispuestos a practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, poco después, fuentes del PP quisieron matizar esta propuesta y negaron que el líder de la oposición esté planteando la creación de registro alguno.
La normativa actual obliga a las autonomías a crear “un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”. Aunque en un principio fueron varias las comunidades rezagadas, Baleares, Aragón y Asturias (gobernada por el PSOE) ya han confirmado que han comenzado con los trabajos preceptivos. Por lo que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se ha quedado como la única en rechazar el cumplimiento de la norma que ahora Feijóo apuesta por modificar.
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Con el registro, según reza la propia ley, el objetivo se ciñe a “la gestión de recursos humanos” para “garantizar la prestación” del aborto. Y, además, se puntualiza que los datos del registro no se compartirán entre comunidades autónomas y se garantizará la protección de datos de los objetores de conciencia, por lo que no debería de trascender qué médicos se niegan a practicar el aborto.
“Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a su disposición”, señaló el líder del PP en una entrevista en Antena 3. A su juicio, a una mujer lo que “le interesa saber” no es “cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla” sino “cuáles son los médicos que la pueden asistir”.
El líder del Partido Popular insistió en que su partido mantiene una posición “muy clara” sobre el aborto, “legalizado desde hace más de treinta años”. Por ese motivo, rechazó apoyar una reforma constitucional como la que promueve el Gobierno para blindar este derecho, al considerar que ya está “plenamente incorporado al ordenamiento jurídico”.
Al margen del incómodo debate que esta materia le supone al Partido Popular, el Gobierno ha confirmado su intención de elevar a rango constitucional la actual regulación del aborto para dotarla de la máxima protección jurídica y así evitar que pudiera ser cuestionada por futuros gobiernos conservadores.
“Existe una pulsión irrefrenable por parte de la derecha y la ultraderecha de recortar siempre los derechos de las mujeres, en particular el de la interrupción voluntaria del embarazo”, denunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien adelantó que el Ejecutivo está ultimando las “herramientas legales” necesarias para acorazar este derecho.
Según explicó el ministro Bolaños, la propuesta de reforma constitucional se presentará en cuanto concluyan los trabajos técnicos. Aunque el ritmo acelerado del Ejecutivo hizo pensar que el texto podría llegar hoy mismo al Consejo de Ministros, fuentes gubernamentales enfriaron anoche esas previsiones y subrayaron la necesidad de revisar y consensuar con los expertos los distintos informes jurídicos de una norma que implica a varios ministerios. Por lo que no se descarta que el Gobierno espere a la semana que viene para impulsar la reforma.
La vía elegida será el procedimiento ordinario de reforma constitucional, que exige una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Esta fórmula obliga al Gobierno a recabar el respaldo del PP, imprescindible para que la iniciativa pueda superar las distintas fases parlamentarias.
Aun a riesgo de que no prospere, en el Ejecutivo consideran que este es el momento de impulsar el blindaje del derecho al aborto al menos para obligar a los populares a fijar posición y dejar en evidencia las distintas sensibilidades internas que, como refleja el discurso de Isabel Díaz Ayuso, conviven en el partido de Génova.
