Emilio Reyes una muestra de apoyo al presidente Abinader. Emilio Reyes es un empresario tabaquero de Santiago, de tradición de apoyo al PRD y sus líderes, hoy PRM. Ha creado un Movimiento denominado “Siguiendo el Cambio” que se ha construido en el aglutinador de dirigentes y militantes perremeistas, de otros partidos, personalidades y profesionales en apoyo directo al gobierno, al presidente Abinader, su obra de gobierno, su reelección y en apoyo al candidato a alcalde Ulises Rodríguez. Este movimiento les ha caído como el anillo al dedo al primer mandatario dominicano toda vez que Santiago se le tornó difícil para las huestes del PRM básicamente su cúpula dirigencial . Emilio Reyes se torna el conciliador, suma, recoge a los disgustados y a los que quieren apoyar al presidente pero desde fuera. El Movimiento Siguiendo con el Cambio apoya a Ulises Rodríguez a la Alcaldía de Santiago y a Luis Abinader a la Presidencia de la Republica y con ellos el apoyo a candidatos a regidores, diputados y al senador, ha expresado el influyente empresario ante el presidente Luis Abinader.
Su estrategia es clara y definida “trabajar para fortalecer las áreas que necesitan del apoyo de logística para complementar los trabajos políticos desarrollados por la dirigencia del PRM en la provincia de Santiago”.
El movimiento está coordinado y presidido por el Emilio Reyes, empresario y asesor del presidente de la Republica y coordinado por Arquímedes Cabrera, Ervin Vargas y Alberto Cabrera, teniendo como asistente de coordinadores a Miguelina Alba empresaria y de gran cercanía al presidente Abinader y al expresidente Hipolito Mejía.
Su base de sustentación y de apoyo esta mayormente constituido por empresarios, profesionales y técnicos especialistas en las distintas áreas del conocimiento, sobre todo en asesoría política , municipalidad y urbanismo.
El Movimiento dispone de cuatro comisiones : Comisión de Finanzas, Comisión Electoral, Comisión de Comunicación y Comisión Técnica.
El crecimiento del movimiento se ha desarrollado de manera vertiginosa y a partir del 19 de febrero se convertiría en un movimiento de alcance nacional para asegurar un nuevo periodo de la continuidad del cambio y la Reelección del Presidente Luis Abinader, presentará proyectos sociales, económicos y técnicos como un aporte al país. Este jueves uno de febrero el movimiento “Siguiendo con el Cambio” realizó un almuerzo en el Hotel Gran Almirante con la presencia del candidato a alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez.
Emilio Reyes una muestra de apoyo al presidente Abinader
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El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles, acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción que pagó más de 100 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad en instituciones públicas.
De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, la red "se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas".
La acusación, sustentada alegadamente con más de 500 pruebas, fue presentada la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados”, declaró Ortiz.
Investigación
El Ministerio Público acusa a los implicados de violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, mediante un esquema que afectó instituciones responsables de servicios a poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
- La solicitud de medida de coerción incluye además que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los hechos y el número de personas involucradas.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Ortiz advirtió que la investigación continúa y que podrían producirse más arrestos. “Como en todas nuestras investigaciones, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos”, afirmó. “Esto apenas comienza”.
La investigación se originó tras una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Cinco personas resultan heridas en accidente de tránsito
Un aparatoso accidente ocurrido la tarde del miércoles dejó cinco personas heridas, luego de que una guagua impactara dos motocicletas y se estrellara contra un negocio ubicado en el kilómetro 6 de la carretera Hato Mayor-San Pedro de Macorís, próximo al Vivero Payano.
Los heridos fueron identificados Yessica Port, María Gradis Labache, Santiciante Jean y Annoux Dorvil. Estos dos últimos de nacionalidad haitiana, así como una menor de 11 años. Dorvil conducía la guagua, una Toyota blanca, la cual, según el informe preliminar, se salió de control por razones aún no esclarecidas.
Tres de los lesionados se encontraban en el negocio al momento del impacto.
Asistencia
- El fuerte choque movilizó de inmediato a unidades del Sistema de Emergencias 9-1-1, miembros del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Digessett y la Policía Nacional, quienes ofrecieron asistencia en el lugar.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Dr. Leopoldo Martínez de Hato Mayor, mientras que los vehículos involucrados quedaron bajo custodia de la Policía de Tránsito como parte del proceso investigativo.
Las autoridades han iniciado las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas del suceso.
Erradicar uniones tempranas y embarazo adolescente requiere más
La erradicación de las uniones tempranas amerita también otras intervenciones más allá del ámbito formal de la ley. Se requieren acciones que impacten en cambios de la normas sociales y culturales que subyacen en esta problemática; educación integral en sexualidad; inversiones focalizadas en la generación de oportunidades; sensibilización y formación, entre otras.
El planteamiento lo hace la Dirección de Derechos Integrales del Ministerio de la Mujer, institución dirigida por la ministra Mayra Jiménez.
“Las uniones tempranas y embarazos en adolescentes, son fenómenos altamente complejos, tanto sus causas como las consecuencias, están vinculadas y profundizan construcciones socioculturales y normas de género basadas en estereotipos y desigualdades, en el contexto socioeconómico, en la educación y el acceso a oportunidades, a información y orientación en salud integral”, plantea la institución en respuesta a un cuestionario enviado por Diario Libre.
Se recuerda que, la ley No. 1-21 modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil y de la Ley No. 659 del 1944, sobre Actos del Estado Civil, la cual prohíbe el matrimonio entre personas menores de 18 años.
“No obstante, las uniones tempranas no se constituyen dentro de esa legalidad, no son formalizadas o registradas de manera oficial o formal ante las autoridades, se trata de prácticas socioculturales y multicausales, resultando en un riesgo y afectación para el desarrollo integral, la vida y la salud de niñas y adolescentes, y aumentando las probabilidades de embarazos a temprana edad, con los riesgos que esto conlleva a nivel, físico, emocional, mental, psicológico, social y económico”, enfatiza el Ministerio.
Protocolo de atención
Al preguntar sobre el protocolo de atención a adolescentes y la obligatoriedad que recae sobre el médico tratante de denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso que se presuma como abuso contra la menor embarazada, el Ministerio de la Mujer entiende que, siguiendo los lineamientos de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es obligatorio proceder con la denuncia.
“Toda persona, especialmente quienes trabajan en instituciones públicas o privadas que presten servicios a niños, niñas y adolescentes, está en la obligación de denunciar ante la autoridad competente cualquier violación o amenaza a los derechos de estos. Esto incluye al personal de salud, sin excepción por tipo de institución (pública o privada)”, sostiene el documento recibido.
Independientemente del sector que detecte el caso (salud, justicia o protección), se deben activar rutas de intervención intersectorial que garanticen el restablecimiento de derechos de la víctima.
Ante la confirmación de un embarazo en una adolescente menor de 15 años, la institución precisa que, siempre se debe sospechar de violencia sexual y proceder a la denuncia inmediata ante el Ministerio Público.
“El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud hacen importantes esfuerzos en materia de sensibilización, formación y orientación al personal de salud para que estas medidas sean aplicadas; y entendemos que esa es la vía idónea para garantizar servicios de salud integrales y el cumplimiento de procedimientos de manera efectiva y oportuna”, agrega el texto.
De acuerdo con el “Diagnóstico sobre igualdad de género en República Dominicana”, publicado por el Banco Mundial, en noviembre de 2023, siete de cada diez adolescentes (71.5 %) casadas o en una relación sexual temprana también reportaron haber estado embarazadas al menos en una ocasión.
El estudio también reveló que el matrimonio o la unión precoz son más comunes entre quienes viven en la pobreza extrema.
MP deposita coerción contra militares y empresarios por sobornos
El Ministerio Público depositó este miércoles, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el expediente acusatorio contra la presunta red de corrupción compuesta por coroneles activos, generales retirados y empresarios, quienes figuran entre un grupo de 15 detenidos en el marco de la Operación Lobo, por su vinculación con una supuesta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir servicios de seguridad privada a instituciones públicas estatales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los arrestos se produjeron durante 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y en Santiago, con la participación de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales, bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución.
Oficiales superiores arrestados
El órgano persecutor arrestó a 15 militares, entre ellos un mayor general del Ejército, y a civiles. Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como de los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
- Además, el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; del primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y del coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Sobre los contratos
Los contratos eran en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza Milagros Ortiz Bosch.
Militares y empresarios figuran en presunta red de sobornos en contratos estatales
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