Detective Ángel Martínez desata escándalo de Casa de Campo que involucra muerte, ccorrupción y narcotráfico, empresarios se apoderan de 10 millones 400 mil metros de terrenos Denuncia ciudadana americana Rosa Abel Lora corre peligro, sicarios piden su cabeza. Miami, EEUU.-Otro gran escándalo sale a la luz de las investigaciones del detective Ángel Martínez quien revela en su programa de YouTube que la compañía Casa de Campo, abogados y funcionarios de esa prestigiosa cooperación hotelera estaría supuestamente involucrada en la muerte de la diputada Inés Bryan. Ángel Martínez precisa que la extinta diputada dominicana de San Pedro de Macorís, República Dominica, Inés Bryan, en vida fue sometida a presión extrema por sus constantes denuncias contra monopolios empresariales de la zona que involucra a Casa de Campo y sus socios nacionales e internacionales. “Aquí sale a relucir Casa de Campo, se ve salpicada por más escándalo que va más allá de corrupción, tráfico de influencia y es con la muerte de la diputada Inés Bryan”, revela en su plataforma digital el detective Ángel Martínez.
“Esta vez se trata de un crimen, que las autoridades dominicanas deben investigar y sancionar con el rigor de las leyes dominicana”, dijo Martínez. Recordó Ángel Martínez que la diputada por la provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana, Inés Bryan, estuvo en primera línea en la lucha por la preservación de “Las Cuevas de las Maravillas”, que la consideró como un patrimonio del pueblo dominicano y denunció que se encontraba en
manos de un grupo de empresarios de la República Dominicana que lo explotan, sin proporcionarle ningún tipo de beneficio al Estado ni a su región, mucho menos al municipio Ramón Santana donde se encuentra ubicado. del gigante Vitol, compañía lider en la comercialización de petróleo a nivel mundial”. “Es la misma corporación que admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a funcionarios en Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegiada y amañar la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos países”, dijo.
Esa información,se recuerda, la dio a conocer en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Donde una investigación de la unidad de Corrupción Internacional del FBI puso al descubierto las irregularidades. En su momento, la diputada de entonces, por la provincia de San Pedro de Macorís, Inés Bryan, consideró que “Las Cuevas de las Maravillas, como un patrimonio del pueblo dominicano que hoy se encuentra en las manos de un grupo de empresarios de la República Dominicana insaciables, que lo explotan, sin proporcionarle ningún tipo de beneficio al Estado. Llegó a denunciar la extinta diputada que “Este grupo insaciable, además de los terrenos ya mencionados donde se encuentran enclavadas “Las Cuevas de las Maravillas”, también pretenden apoderarse de aproximadamente 10 millones 400 mil metros que se encuentran alrededor”, denunció la malograda diputada. El detective Ángel Martínez dijo que “si eso le hicieron a esa diputada , que no le harán a la ciudadana americana Rosa Abel Lora que lleva por igual una lucha de décadas contra esos poderosos empresarios que se creen tener una constitución y leyes a parte en la zona Este del país especialmente en La Romana y en San Pedro de Macorís”.
Detective Ángel Martínez desata escándalo de Casa de Campo que involucra muerte, ccorrupción y narcotráfico
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El vocero de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) para la región del Caribe, Tony Velázquez, respaldó las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la ausencia de operaciones del Cártel de Sinaloa en República Dominicana, aclarando que no existe una estructura activa de narcotráfico vinculada a dicha organización en el país.
“El presidente tiene mucha razón en lo que está diciendo. El presidente no está mintiendo”, afirmó Velázquez en entrevista con medios locales.
“Nosotros seguimos colaborando y trabajando con el DNCD y las autoridades dominicanas, con todo el componente de justicia del pueblo de la República Dominicana, pero el presidente tiene toda la razón en lo que menciona, que no hay ninguna garra del cártel de Sinaloa en la República Dominicana”.
El funcionario explicó que, aunque individuos relacionados con el grupo criminal estuvieron en territorio dominicano a inicios de 2025, no se trató de una operación estructurada ni de presencia orgánica del cartel.
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“En ningún momento dijimos que había una actividad de narcotráfico en República Dominicana atribuible al cártel de Sinaloa”, precisó.
El vocero también destacó la cooperación bilateral en materia de inteligencia: “Cuando el presidente habla y exactamente menciona que no hay un vínculo estrecho o no hay una actividad de narcotráfico de parte de Sinaloa, el presidente está en lo correcto y diciendo lo que es.
Está diciendo la realidad y lo podemos apoyar tanto con inteligencia de ellos como nuestra”.
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Las afirmaciones de Abinader y Velázquez aclaran el tema.
Carlos Pimentel: el negocio de las licencias de conducir
El director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, afirmó ayer que en la expedición de la licencia de conducir “se ha instalado un entramado de corrupción”, el cual debe detenerse para evitar que se perpetúe.
Al ser entrevistado al salir de la Procuraduría (PGR), donde se reunió con la procuradora Yeni Berenice Reynoso, Pimentel defendió la potestad legal que tiene el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) de convocar a licitación pública tras vencerse en este año el contrato que tiene con la empresa Dekolor.
El funcionario respondió así al reclamo público de los abogados de esa empresa de que era ilegal la convocatoria porque antes se le debe pagar más de 700 millones de pesos.
“Lo que sí debemos evitar es que el entramado de corrupción que se ha instalado alrededor de ese servicio (de la licencia de conducir) permanezca y se perpetúe en el tiempo sobre la base de los recursos públicos”, indicó Pimentel.
Calificó como “un invento más de todo el entramado”, el tratar de evitar que el Estado pueda realizar un proceso de licitación legítimo y competitivo.
Cuestionadas adendas
En cuanto a las tres adendas al contrato con la empresa Dekolor, cuyo informe, sometido a la Procuraduría por la Unidad Antifraude de la Contraloría, revela irregularidades, Carlos Pimentel sostuvo que desde la vigencia del convenio “todos los directores del Intrant” las firmaron.
“Ese proceso lo han firmado todos los directores del Intrant que están desde la vigencia del contrato (ejecutado desde enero del 2020), todas las adendas”.
El contrato para la expedición de la licencia de conducir se firmó en el 2019 y entró en vigencia en enero del 2020, cuando estaba como directora Claudia Franchesca de Los Santos, sustituida en agosto del 2020 por Rafael Arias y este, a su vez, por Hugo Beras, en agosto del 2022.
La primera adenda, según la Unidad Antifraude, se produjo en el período 2020-2021, que incluyó el servicio de examen médico psicofísico” y que no fue registrado ante esa institución. El segundo y tercer cambio se produjeron en el 2022, cuando se “incrementaron los precios sin justificación técnica”.
Pimentel acudió a la PGR a depositar, junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría, un “informe sobre anomalías en tres licitaciones del Inabie”.
Los abogados de Dekolor negaron que esa empresa haya ofrecido sobornos al director del Intrant, Milton Morrison, como este denunció, imputación que, dijeron, deberá probar. Marino Feliz Rodríguez, uno de los representantes legales de Dekolor, atribuyó la acusación a un plan del funcionario de “levantar una cortina de humo” para evadir la justicia por la querella que tiene en su contra por enriquecimiento ilícito y a un afán por beneficiar en una licitación a Midas Dominicana. Explicó que hace cinco meses se acercaron a Morrison, pero fue para tratar de negociar una adenda para que se extendiera el contrato como una forma de buscar una salida a la deuda de más de 700 millones que la institución gubernamental tiene con Dekolor.
Erradicar uniones tempranas y embarazo adolescente requiere más
La erradicación de las uniones tempranas amerita también otras intervenciones más allá del ámbito formal de la ley. Se requieren acciones que impacten en cambios de la normas sociales y culturales que subyacen en esta problemática; educación integral en sexualidad; inversiones focalizadas en la generación de oportunidades; sensibilización y formación, entre otras.
El planteamiento lo hace la Dirección de Derechos Integrales del Ministerio de la Mujer, institución dirigida por la ministra Mayra Jiménez.
“Las uniones tempranas y embarazos en adolescentes, son fenómenos altamente complejos, tanto sus causas como las consecuencias, están vinculadas y profundizan construcciones socioculturales y normas de género basadas en estereotipos y desigualdades, en el contexto socioeconómico, en la educación y el acceso a oportunidades, a información y orientación en salud integral”, plantea la institución en respuesta a un cuestionario enviado por Diario Libre.
Se recuerda que, la ley No. 1-21 modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil y de la Ley No. 659 del 1944, sobre Actos del Estado Civil, la cual prohíbe el matrimonio entre personas menores de 18 años.
“No obstante, las uniones tempranas no se constituyen dentro de esa legalidad, no son formalizadas o registradas de manera oficial o formal ante las autoridades, se trata de prácticas socioculturales y multicausales, resultando en un riesgo y afectación para el desarrollo integral, la vida y la salud de niñas y adolescentes, y aumentando las probabilidades de embarazos a temprana edad, con los riesgos que esto conlleva a nivel, físico, emocional, mental, psicológico, social y económico”, enfatiza el Ministerio.
Protocolo de atención
Al preguntar sobre el protocolo de atención a adolescentes y la obligatoriedad que recae sobre el médico tratante de denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso que se presuma como abuso contra la menor embarazada, el Ministerio de la Mujer entiende que, siguiendo los lineamientos de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es obligatorio proceder con la denuncia.
“Toda persona, especialmente quienes trabajan en instituciones públicas o privadas que presten servicios a niños, niñas y adolescentes, está en la obligación de denunciar ante la autoridad competente cualquier violación o amenaza a los derechos de estos. Esto incluye al personal de salud, sin excepción por tipo de institución (pública o privada)”, sostiene el documento recibido.
Independientemente del sector que detecte el caso (salud, justicia o protección), se deben activar rutas de intervención intersectorial que garanticen el restablecimiento de derechos de la víctima.
Ante la confirmación de un embarazo en una adolescente menor de 15 años, la institución precisa que, siempre se debe sospechar de violencia sexual y proceder a la denuncia inmediata ante el Ministerio Público.
“El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud hacen importantes esfuerzos en materia de sensibilización, formación y orientación al personal de salud para que estas medidas sean aplicadas; y entendemos que esa es la vía idónea para garantizar servicios de salud integrales y el cumplimiento de procedimientos de manera efectiva y oportuna”, agrega el texto.
De acuerdo con el “Diagnóstico sobre igualdad de género en República Dominicana”, publicado por el Banco Mundial, en noviembre de 2023, siete de cada diez adolescentes (71.5 %) casadas o en una relación sexual temprana también reportaron haber estado embarazadas al menos en una ocasión.
El estudio también reveló que el matrimonio o la unión precoz son más comunes entre quienes viven en la pobreza extrema.
MP deposita coerción contra militares y empresarios por sobornos
El Ministerio Público depositó este miércoles, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el expediente acusatorio contra la presunta red de corrupción compuesta por coroneles activos, generales retirados y empresarios, quienes figuran entre un grupo de 15 detenidos en el marco de la Operación Lobo, por su vinculación con una supuesta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir servicios de seguridad privada a instituciones públicas estatales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los arrestos se produjeron durante 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y en Santiago, con la participación de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales, bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución.
Oficiales superiores arrestados
El órgano persecutor arrestó a 15 militares, entre ellos un mayor general del Ejército, y a civiles. Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como de los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
- Además, el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; del primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y del coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Sobre los contratos
Los contratos eran en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza Milagros Ortiz Bosch.
Militares y empresarios figuran en presunta red de sobornos en contratos estatales
Matan hombre cuando se iba a montar en su...
La Policía Nacional informó la noche de este miércoles que “un reconocido delincuente” fue ultimado por herida de bala por desconocidos cuando se disponía a montarse en su yipeta en el barrio Canta La Rana, Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Estaba frente a su casa.
Dijo que investiga el hecho, ocurrido la tarde de este día.
El occiso fue identificado por la uniformada como Ambiorix Alexander Paulino (Boro), de 33 años, de quien dijo que “al ser depurado en los archivos policiales figura con dos registros (fichas) por robo”.
“Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, asumieron las pesquisas en torno a la muerte por herida de bala de un reconocido delincuente, quien fue atacado a tiros la tarde de hoy por desconocidos que se desplazaban en un carro gris”, dijo la Policía en una nota de prensa.
Dijo que el reporte preliminar indica que el ataque se produjo cuando "Boro" se disponía a montarse en su yipeta Hyundai, modelo Tucson, gris, placa G760709.
- “Dicho vehículo se encontraba estacionado frente a la vivienda donde residía el hoy occiso”, acotó.
Los atacantes, conforme al reporte preliminar, escaparon de la escena abordo de un carro gris de otros datos aún no precisados.Los oficiales investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, empezaron los levantamientos de cámaras de video vigilancia y las entrevistas de testigos.

"Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo", dijo el cuerpo del orden.
Educación: ningún estudiante quedará fuera del año escolar por...
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró este miércoles que ningún estudiante quedará excluido del próximo año escolar 2025-2026, el cual iniciará el 25 de agosto, debido a falta de cupo en centros educativos públicos.
El funcionario reconoció que se han identificado desafíos en zonas de alta concentración demográfica, como el Gran Santo Domingo y la provincia La Altagracia, pero subrayó que el acceso a la educación está plenamente garantizado en todo el territorio nacional, según una nota de prensa.
“Trabajamos con planificación, respondiendo a la demanda real y anticipándonos a los desafíos. Cada niño debe estar registrado. Cada centro debe tener su información al día. Solo así garantizamos el derecho a la educación de forma ordenada y efectiva”, afirmó durante un recorrido por la regional 03 de Azua.
En el encuentro, el ministro se reunió con directores regionales y distritales, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), miembros de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE), y funcionarios de Infraestructura Escolar.
En ese contexto, explicó que el Ministerio de Educación (Minerd) está abordando el proceso de inscripción desde dos frentes complementarios:
- Gestión inmediata de solicitudes actuales.
- Proyección territorial basada en datos poblacionales, movilidad residencial y transición entre niveles educativos.
De Camps instó a los equipos técnicos y a las familias a redoblar esfuerzos para completar los procesos administrativos a tiempo, con un enfoque de urgencia y colaboración interinstitucional.
Medidas activas para garantizar la cobertura educativa
En ese sentido, informó que se están ejecutando múltiples estrategias simultáneas, con enfoque territorial, para asegurar la asignación eficiente de cupos escolares.
Entre ellas se destacan:
- Plataforma digital de monitoreo diario, que permite a los centros educativos reportar en tiempo real la demanda de nuevos cupos.
- Protocolos de redistribución local, activados por los distritos educativos para ubicar vacantes disponibles en centros cercanos.
- Soluciones concertadas con las familias, como reubicación temporal o adecuación de espacios físicos, siempre garantizando la continuidad educativa.
- Reorganización territorial de la matrícula, con enfoque en sostenibilidad y prevención para el año escolar 2025-2026.
Además, exhortó a padres, madres y tutores a acercarse a sus respectivos distritos educativos para recibir orientación y canalizar cualquier situación relacionada con inscripción, traslado o disponibilidad de cupos.
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