La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó que la licitación por RD$1,317 millones que realizó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la implementación de una red de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo fue restrictiva para los oferentes.
Por tanto, el proceso violó principios de la contratación pública, incluidos la participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia, así como los de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13, según establece en su resolución RIC-168-2023.
Al conocer un recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L, la DGCP vuelve a encontrar irregularidades graves en la licitación, cuyo adjudicatario fue la empresa Transcore Latam SRL, cuya propiedad mandó a investigar en una resolución anterior, y ordena, como ya lo había, la nulidad de la misma.