En la República Dominicana, el turismo ha sido uno de los principales motores de crecimiento económico y desarrollo social durante las últimas décadas. Desde Punta Cana hasta Samaná, el país ha demostrado su capacidad para atraer inversiones, construir infraestructura y posicionarse como un destino atractivo en el Caribe. Sin embargo, en algunos rincones del país, el potencial turístico ha sido desaprovechado o, peor aún, bloqueado por una serie de laberintos legales, disputas burocráticas y contradicciones institucionales que convierten cualquier intento de desarrollo en una pesadilla. Uno de esos lugares es Cabarete.
Ubicado en la costa norte, Cabarete no es un pueblo cualquiera. Es un ícono del turismo alternativo, famoso por su ambiente internacional, su comunidad diversa, y por ser uno de los destinos favoritos para el kitesurfing, windsurfing y otros deportes acuáticos. Con una comunidad vibrante compuesta por dominicanos, extranjeros residentes, inversionistas y ambientalistas, Cabarete ha tenido todo para consolidarse como un modelo de desarrollo turístico sostenible. Sin embargo, lo que debería ser una historia de éxito se ha convertido en lo que el periodista Edgar Lantigua describe como “una novela de Kafka”.
Una tierra de potencial bloqueado
Desde hace más de 25 años, diversos proyectos turísticos han intentado establecerse o expandirse en zonas claves de Cabarete como La Boca, el centro del pueblo, Playa Encuentro, Goleta y otras áreas aledañas. Algunos de estos proyectos han sido presentados como propuestas sostenibles, respetuosas del medioambiente, e incluso con apoyo de sectores locales. Sin embargo, la mayoría ha terminado paralizada. Las causas son múltiples: conflictos de tierras, medidas cautelares, disputas entre grupos comunitarios, intervención de autoridades ambientales, denuncias de irregularidades, y decisiones judiciales contradictorias.
Uno de los casos más representativos es el de Playa Rocón, donde la empresa Costa Canal ha intentado instalar una verja perimetral en su propiedad. A pesar de contar con una sentencia favorable del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la obra ha sido detenida. ¿La razón? Oposición de actores locales, confusión en la interpretación de los títulos de propiedad, e incluso dudas sobre los límites de la zona protegida. A simple vista, parecería un conflicto común. Pero cuando se observan los detalles y se entiende la cantidad de años que ha tomado sin llegar a una solución definitiva, se revela un patrón de obstrucción institucional que va más allá de lo anecdótico.
¿Qué está pasando en Cabarete?
La situación de Cabarete es especialmente llamativa porque se da en contraste con otros puntos del país donde el desarrollo turístico avanza a pasos firmes, incluso con apoyo del gobierno central. En la región sur, por ejemplo, Pedernales ha sido declarada zona prioritaria para el desarrollo turístico, y ya se están ejecutando megaproyectos con inversión pública y privada. Lo mismo ocurre en Miches, Punta Bergantín (Puerto Plata), y otras zonas donde las autoridades facilitan el proceso mediante la creación de fideicomisos, incentivos fiscales y acompañamiento institucional.
Entonces, ¿por qué Cabarete parece avanzar en reversa? Parte de la respuesta está en la falta de coherencia entre las distintas instituciones del Estado, que parecen actuar cada una por su cuenta, sin una visión integral. Mientras un tribunal emite una sentencia autorizando un desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente puede emitir una medida cautelar en sentido contrario. Mientras una oficina de Catastro valida un deslinde, otra dirección puede desconocerlo. Todo esto ocurre en medio de un clima de desconfianza entre los actores locales, donde cada nuevo proyecto es visto como una amenaza en lugar de una oportunidad.
Una comunidad dividida
Otra parte del problema está en la propia comunidad de Cabarete. La diversidad que le da vida también ha generado divisiones internas. Existen grupos comunitarios que promueven la conservación ambiental con un enfoque rígido, incluso radical. Por otro lado, hay inversionistas que buscan desarrollar infraestructura con criterios modernos pero que no siempre logran un diálogo efectivo con los residentes. También están los intereses políticos y económicos que operan en las sombras, manipulando la opinión pública o retrasando procesos por razones que poco tienen que ver con el bienestar colectivo.
Todo esto ha convertido a Cabarete en un campo minado para cualquier empresario que intente iniciar un proyecto. La inseguridad jurídica es tan alta que muchos terminan desistiendo, vendiendo sus propiedades o trasladando sus planes a otras zonas del país o del extranjero. Y con cada proyecto que no se concreta, se pierden empleos, oportunidades de crecimiento económico y posibilidades de inversión en servicios para la comunidad.
El absurdo como regla
Edgar Lantigua, en su artículo publicado en el Listín Diario el 26 de marzo de 2025, titulado “Cabarete: Una novela de Kafka”, plantea que si el célebre escritor viviera hoy, encontraría en Cabarete el escenario perfecto para una nueva novela. Las situaciones absurdas, las decisiones sin sentido, las contradicciones legales y el laberinto institucional convierten la realidad de este pueblo costero en una narrativa digna de la literatura existencialista. No es solo una exageración literaria. Es una denuncia de cómo el aparato estatal puede fallar en su misión de facilitar el desarrollo cuando pierde el rumbo.
En lugar de ser un ejemplo de turismo ecológico bien gestionado, Cabarete se ha convertido en un símbolo de lo que no debe ocurrir en un país que apuesta al turismo como columna vertebral de su economía. Las buenas intenciones no son suficientes si no están acompañadas de reglas claras, instituciones coordinadas y una visión de largo plazo que trascienda los conflictos locales.
¿Qué se puede hacer?
El primer paso para desatar este nudo es reconocer que el modelo actual ha fracasado. Es urgente que el gobierno central, a través de organismos como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Agrario Dominicano, Bienes Nacionales y la Dirección de Catastro, establezcan una mesa de trabajo con participación de la comunidad, empresarios locales, ambientalistas y representantes judiciales. Esta mesa debe tener como objetivo revisar caso por caso, esclarecer la situación de los terrenos, validar títulos de propiedad y establecer lineamientos claros para el desarrollo sostenible.
También se requiere un plan maestro para Cabarete, con visión de futuro, que permita ordenar el crecimiento, proteger las áreas sensibles y definir las zonas aptas para desarrollo. Este plan debe ser vinculante y respaldado por las autoridades nacionales, de forma que no pueda ser bloqueado por intereses particulares o decisiones aisladas.
Además, es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los procesos de permisos, evaluaciones de impacto ambiental y concesiones deben estar disponibles al público, para evitar la percepción —o la realidad— de que algunos se benefician mientras otros son excluidos.
Una oportunidad aún viva
Cabarete no está condenado al fracaso. Todavía existe una oportunidad de convertirlo en el referente nacional del turismo sostenible, integrando deportes acuáticos, conservación ambiental, inversión extranjera responsable y participación comunitaria. Para lograrlo, se necesita voluntad política, liderazgo institucional y una comunidad dispuesta a dialogar y construir consensos.
El Estado dominicano tiene la responsabilidad de actuar, no solo como árbitro, sino como facilitador del desarrollo equilibrado. Si se logra destrabar el conflicto legal y se canalizan las energías hacia un proyecto común, Cabarete puede dejar de ser una novela de Kafka y convertirse en un ejemplo a seguir para toda la región.