El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció con orgullo que su país ha alcanzado la marca de 1.000 días sin homicidios desde su llegada al poder en 2019. El dato, presentado como un logro histórico en materia de seguridad, se enmarca en su controvertida estrategia de mano dura contra las pandillas, que ha transformado radicalmente la realidad social y política salvadoreña en los últimos años.
Un país marcado por la violencia
Durante décadas, El Salvador fue considerado uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios que superaban los 100 por cada 100.000 habitantes en algunos años de la década pasada. Las maras —particularmente la MS-13 y Barrio 18— dominaron amplios territorios urbanos y rurales, imponiendo extorsiones, control territorial y asesinatos sistemáticos. Esta situación generó un clima de miedo permanente y limitó el desarrollo económico y social del país.
Frente a ese panorama, la promesa de Bukele de “recuperar la paz” fue una de las banderas principales de su campaña electoral en 2019. Desde entonces, su gobierno ha implementado políticas inéditas en la región, que combinan medidas tecnológicas, presencia militarizada y la construcción de una narrativa de “guerra contra las pandillas”.
El régimen de excepción y la estrategia de seguridad
El hito de los 1.000 días sin homicidios se explica, en buena medida, por la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022, tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas. Bajo este marco legal, el gobierno suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la libertad de asociación.
Más de 85.000 personas han sido detenidas en estos tres años, acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales. Al mismo tiempo, se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel diseñada para albergar a decenas de miles de reclusos en condiciones de máxima seguridad.
Si bien el Ejecutivo afirma que estas medidas han devuelto la tranquilidad a las comunidades, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos sistemáticos, detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y falta de debido proceso.
Popularidad y cuestionamientos
Pese a las críticas, la estrategia de Bukele goza de una popularidad sin precedentes. Encuestas nacionales señalan que más del 80% de los salvadoreños aprueban su gestión, en gran parte porque perciben un cambio tangible en la seguridad de las calles. Comerciantes, transportistas y vecinos en barrios antes dominados por las maras afirman que ahora pueden vivir y trabajar sin el temor constante a la violencia y la extorsión.
No obstante, analistas advierten que este éxito podría tener un costo elevado para la institucionalidad democrática. La concentración de poder en el Ejecutivo, la cooptación de la Asamblea Legislativa y el debilitamiento del sistema judicial generan dudas sobre el respeto a la separación de poderes y el futuro del Estado de derecho en El Salvador.
Un modelo exportable
El “modelo Bukele” ha despertado interés en otros países de América Latina, donde la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas sociales. Gobiernos y candidatos en naciones como Honduras, Ecuador o República Dominicana observan con atención la combinación de control militar y discurso populista como una posible receta para enfrentar sus propias crisis de violencia.
Sin embargo, expertos advierten que replicar este enfoque sin atender las raíces socioeconómicas de la criminalidad podría generar soluciones superficiales y agravar tensiones en el largo plazo.
Conclusión
El anuncio de Bukele sobre los 1.000 días sin homicidios representa un logro innegable en términos de reducción de la violencia letal, pero plantea un debate complejo: ¿se puede consolidar la paz sacrificando derechos fundamentales y debilitando las instituciones democráticas? El Salvador parece haber ganado una batalla crucial contra las pandillas, pero el verdadero reto será demostrar que esta victoria puede sostenerse sin comprometer el futuro democrático del país.
