Puerto Rico después del huracán María

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SAN JUAN — El huracán María nos obligó a adquirir nuevas destrezas —tuve que aprender a usar una sierra para cortar los árboles caídos en mi pequeña finca— y también obedecer nuevas condiciones; para conseguir hielo y agua y soportar los fuertes calores que tuvimos después de su paso, era necesario hacer largas filas de hasta más de dos horas. Nuestra modernidad, lograda por décadas, había colapsado. La falta de electricidad y escasez de agua amenazaban la salud pública. Para conseguir gasolina fue necesario hacer colas de hasta cuatro horas.

Cuando el presidente Trump aterrizó en un país asolado, el conteo de muertes, según el gobierno estatal, era de dieciséis. Lanzó el papel secante —no higiénico— a pocos curiosos reunidos en uno de los sectores más pudientes de San Juan y felicitó al gobernador anexionista Ricardo Rosselló.

La antipatía que cultivó Donald Trump en su visita a Puerto Rico unos días después de que el huracán golpeara la isla fue una anticipación de la catástrofe que lentamente se reconocería. Pero también fue el preludio de una nueva forma para los puertorriqueños de examinar su identidad nacional y afrontar el presente y futuro de su relación con Estados Unidos.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó San Juan, la capital de Puerto Rico, el 3 de octubre de 2017. CreditDoug Mills/The New York Times

Un año después del huracán el conteo oficial de muertes —realizado a instancias del gobierno de Puerto Rico por la Universidad George Washington— es de 2975 personascifra que Trump niega. Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de la Universidad de Harvard eleva a más de 4000 los muertos. La negligencia gubernamental en la evaluación del impacto humano que tuvo el huracán es innegable, tanto a nivel estatal como federal.

La lentitud burocrática de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), unida a la ineptitud del supuestamente todopoderoso Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para restaurar la red eléctrica, fueron las noticias que le añadieron perplejidad a la desesperación. Todo ello agravado por un leonino contrato suscrito con la firma de ingeniería eléctrica Whitefish —compañía sin la capacidad para realizar la hercúlea tarea de devolvernos la electricidad— que desembocó en un escándalo de crasa incapacidad gubernamental, quizás corrupción. Estos fueron los temas que ocuparon nuestra atención durante los tres meses que siguieron al huracán.

Lo más dramático, sin embargo, no ha sido la ineptitud gubernamental ni la negligencia y torpeza de FEMA —recientemente se descubrieron miles de cajas abandonadas con botellas de agua en un predio contiguo al aeropuerto de la base naval Roosevelt Roads—, tampoco los muertos, sino la emigración masiva de los puertorriqueños, particularmente a la Florida.

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